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| Las Navas del Marqués a 29 de marzo de 2023 |
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| 9 de diciembre de 2012 | |
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De entre las noticias esperpénticas a las que nos acostumbra la realidad de nuestros días hoy sobresale una que no solo no tiene nada de nueva, si no que es un clásico. Pero antes de entrar en materia tenemos que viajar al siglo XIX, más concretamente al año en el que mataron al general Prim y Amadeo de Saboya se convirtió en Rey de España, y situarnos en una habitación de algún palacio donde una serie de militares-políticos embebidos de poder y a ratos matándose por él están acordando aprobar una ley que conseguirá unificarles por un instante: la ley que permitirá a la facción que se encuentre en el poder reservarse el privilegio de indultar a cualquier criminal que les de la gana sea cual sea la decisión que los tribunales hayan tomado con respecto a él.
Sobra decir que estos señores, o más bien sus fantasmas, que es a quiénes estamos viendo, no están pensando en indultar, por ejemplo, a algún muerto de hambre que ha robado un par de repollos, claro que no. Estos señores están pensando en poder indultarse a ellos mismos cuando sus corruptelas se hagan demasiado evidentes, o a algún familiar suyo que ha sido pillado prevaricando en un cargo que le fue concedido a dedo, o a su amigo que dirige el banco X, o ¿quién sabe?, a algún cuñado que es cacique y terrateniente en alguna región ibérica y ha ido demasiado lejos en sus abusos.
Pero no nos vamos a detener ahora a juzgar a fastamas del pasado, y menos aún sabiendo que aunque les declaremos culpables da igual porque se van a auto-indultar; mejor nos centramos en sus sucesores, quiénes, casi siglo y medio después, no solo continúan usando sus métodos si no también su ley. Si, han oído bien, su ley, porque en los últimos doce años (no queremos ni imaginar en los ciento treinta anteriores) los diferentes gobiernos han tirado de una versión mejorada de esta ley de indultos todavía vigente para perdonar (literalmente) a 226 personas condenadas en los tribunales por delitos contra la administración pública que van desde ediles hasta policías pasando por una amplia gama de funcionarios.
Ya lo ven, los prevaricadores, malversadores, abusadores de su autoridad y señores del cohecho que, aun después de haber sido condenados por un tribunal, parasitan como sanguijuelas por los ayuntamientos y las administraciones públicas de nuestro país deben estar todavía poniendo velas y celebrando misas por el general Prim y lanzando salvas al deporte nacional: el caciquismo del enchufe y los privilegios. Lo peor no es que en estos casos de corrupción pública los condenados son perdonados e indultados por obra y gracia del poder reinante destruyendo así la legitimidad del poder judicial, si no que después (incluso cuando la sentencia les privaba de ejercer cualquier cargo) vuelven a sus puestos tan campantes como si aquí no hubiera pasado nada.
Un sistema en el que cientos de ediles y cargos públicos han sido imputados es sencillamente intolerable e insostenible. La España de los privilegios parece inmortal y no se cansa de reproducir constantemente la misma especie de gobernantes nacionales, alcaldes o funcionarios dispuestos a mantener todos los mecanismos de antaño que les permitan gobernar lo que es de todos como feudo personal impunemente, esto incluye a los magnates bancarios y empresariales, quiénes en muchos casos son igualmente beneficiarios de estos indultos expedidos por el ministro de justicia de turno. Sin embargo hay algo todavía más lamentable que esta farsa: probablemente muchos de los corruptos que gestionan lo público y lo privado no van a tener necesidad de ser indultados porque ni han sido juzgados y ni mucho menos declarados culpables.
ALGUNOS CASOS (Fuente: 15MPEDIA)
Entre el 17 de febrero y el 29 de junio, el Ejecutivo indultó a 11 condenados de cuello blanco, todos ellos sujetos a penas de prisión. De los 11 indultados, seis -cuatro del PP y dos de CiU- fueron sentenciados por corrupción. Otros tres fueron condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes. Los otros cuatro beneficiarios del perdón gubernamental son un exalcalde y tres exconcejales del PP de Valle de Abdalajís (Málaga).
El Gobierno indulta a un alcalde del PP condenado por prevaricación urbanística, Tomás Gómez Arrabal, y a sus ediles Gómez Arrabal, Antonio Pérez Postigo, Fermín Muñoz Armero y María Teresa Mesa Pernia.[2]
El Gobierno indulta a cinco mossos condenados por torturas.
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Los Mossos condenados por torturas a un detenido en Barcelona piden un segundo indulto para eludir la prisión. Felip Puig declara que pretende que se sustituya la pena de prisión por una multa, para que los agentes puedan eludir el encarcelamiento. Si finalmente entran en prisión, sería la primera vez para un agente de la policía catalana.
El Gobierno concede un segundo indulto a cuatro ‘mossos’ condenados por torturas. El Consejo de Ministros conmuta la pena por una multa de 10 euros al día durante dos años.
El Gobierno indulta a los 2 oficiales condenados en el caso Yak-42: José Ramírez (comandante) y Miguel Sáez (capitán)
El Gobierno salva de la cárcel a un ex alto cargo de Unió y a un empresario: Josep Maria Servitje (ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat) y Víctor Manuel Lorenzo Acuña(empresario)
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El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de prisión por los asesinatos de Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, fue excarcelado por motivos de salud “una enfermedad coronaria grave” el 1 de octubre de 2004 por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, siendo Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras cumplir sólo cuatro años de condena.
Tres de los condenados por el ‘caso Filesa’ resultan beneficiados por el indulto del Gobierno: Carlos Navarro (ex diputado socialista), Luis Oliveró y Alberto Flores
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Artículo realizado por Publicado el 9 de diciembre de 2012
