Aquellos que pasan o pasaron hambre suelen decir que robar para comer no es pecado. Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón—dice el refrán. No hay proverbio (que yo sepa) para el tipo que roba al rico con la intención de repartir entre los pobres, pero la fábula está tan fuertemente arraigada en la memoria colectiva como los dichos anteriores.

Aquí tenemos tres métodos simples para el reparto equitativo de la riqueza, acciones que olfateadas con la nariz del sentido común nos huelen, y mucho, a justicia. Una justicia de emergencia, brutal, no escrita y tan antigua como el ser humano, pero imprescindible; sobre todo en momentos en los que la otra justicia, la civilizada y oficial, está siendo tergiversada hasta tal punto que ya no materializa compromisos éticos universalmente reconocidos si no los que particularmente benefician a las elites.

En la teoría esa justicia oficial encarcela al que roba para comer, al que roba a un ladrón y al que expolia a los ricos porque sobreentiende que si todo el mundo se tomara la justicia por su cuenta esto sería un caos y, sobre todo, porque funciona al amparo de un sistema que, de nuevo en la teoría, ha de cubrir necesidades básicas, ha de aplastar al que roba sistemáticamente y ha de evitar la corrupción que siempre lleva implícito el hecho de que haya unos cuantos que se limpian el culo con billetes de quinientos mientras muchos viven en la miseria. Pero esto no sucede: la práctica es muy diferente de la teoría, de lo que se supone debería ser.

Por tanto guárdense, queridos lectores y ciudadanos, de robar una patata, de asaltar a quien les ha robado o de dar un palo a alguno de todos esos que no se hacen ricos a fuerza de trabajar. Guárdense porque en esta preciosa sociedad cualquiera de estas acciones sería considerada como un delito injustificable e innecesario. Pero no se corten de robar miles de millones al pobre, no se corten de expoliar y humillar a los pueblos hasta dejarles de rodillas y acojonados, no se corten de llevar su banco a la ruina y exigir al contribuyente que se haga cargo de la deuda mientras ustedes corren a Suiza a guardar los beneficios, no se corten, ¡que no!, de sentarse en el sillón de funcionario, alcalde, diputado o presidente a manipular la justicia oficial hasta convertirla en justicia a la carta.

Es hora de volver a la justicia del refranero porque nos están metiendo con éxito en la cabeza la oscura idea de que la justicia no debe ser igual para todos porque todos no somos iguales. Un ciudadano es una unidad estadística, prescindible, débil y susceptible de ser aplastado bajo el peso de la ley a la mínima; sin embargo un banco o una sociedad anónima son pilares del sistema: la justicia blinda a estas organizaciones porque los gobiernos incompetentes y corruptos las necesitan más que las ratas a los desperdicios. Son las sanguijuelas que dirigen dichas organizaciones quienes promocionan la justicia a la carta dado que tienen a los gobiernos cogidos por los huevos. Y aun en el caso de que la ley atacara a dichas organizaciones esto no perjudicaría en absoluto a sus dirigentes sanguijuela, puesto que la justicia caería sobre las siglas no sobre las personas físicas que están detrás de ellas.

De esta manera nos encontramos con que, mientras los bancos son rescatados con dinero del contribuyente y a las grandes empresas se las da carta blanca y todo el apoyo gubernamental que sea necesario “debido a la crisis”, los peces gordos que dirigen estos centros de robo a gran escala no solo no son requeridos por la ley para que paguen su gran parte de responsabilidad en la situación económica actual, si no que vienen incrementando de forma constante sus ingresos personales a medida que avanza la recesión. De este modo llegamos al punto en el que el estado asume las pérdidas de Bankia pero no ve ni un duro de sus beneficios, de estos ya se hacen cargo sus directivos (pasados, presentes y futuros) y grandes accionistas no sin antes pararse a hacer un calvo al ministerio de justicia.

¿Y cual es la máxima de justicia oficial a la carta? Muy sencillo: la austeridad. El ciudadano número (un simple dígito en los gigantescos datos macroeconómicos) es sometido a la terapia del shock, es decir, se nos pone en una situación límite (la recesión acompañada de préstamos billonarios que a todas luces son impagables) y se nos dice que o nos ponemos de rodillas, cerramos la boca y nos dejamos expoliar o todo se va al garete. Esto es el control a través del miedo y el avasallamiento, estados que nos nublan la vista y nos impiden ver que la austeridad, al igual que la justicia oficial, no es para todos por igual y que más que medicinas son drogas destinadas a impedirnos reaccionar ante este brutal ataque a la democracia. Por otro lado esto no es nada nuevo, ya ha sido puesto en práctica durante el siglo XX por los teólogos neoliberales en muchos otros países “pobres”, ahora le toca el turno a Europa y por ende a España, donde el gobierno vendido está dando tan rápida y eficazmente los pasos del manual del shock que a los españoles casi nos es imposible reaccionar.

Pero por encima de esta macabra realidad resalta el vergonzoso hecho de que las cárceles están vacías de los mayores delincuentes que cualquier sistema judicial serio pueda imaginar: de los que roban comida a pesar de tener la panza llena, de los que roban a quien no puede ni robar una patata, de los ricos que roban al pobre. Los mismos que crearon el problema, esos chorizos globales, ahora se nos presentan como salvadores. ¿Alguien puede creerles ya? Si en este país no hay ni un solo político y ni un solo magnate banquero, financiero o empresarial pagando por todo lo que han hecho es que, además de tomarnos por idiotas, la justicia oficial ha sido definitivamente suplantada por la justicia del poderoso.

No vayan a cometer el error de robar para comer, de robar a un ladrón o de robar al rico. Mejor hagan lo contrario, sigan el ejemplo de Bankia, la justicia les aplaudirá.