LA LEY DE UNIVERSIDADES Y LA IGUALDAD

 

El 10 de enero de 2002 entró en vigor la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades promulgada el 21 de diciembre de 2001. Ha pasado más de un año y las manifestaciones en contra de la ley siguen tan vivas como cuando el gobierno presentó el anteproyecto de ley, para muestra las manifestaciones como la convocada el 13 de febrero en Madrid.

Para conocer algo más esta polémica ley nos reunimos con Jorge Rochet, uno de los responsables de los estudiantes de Juventud Comunista del Partido Comunista de Madrid. 

En la vida de la Universidad es de especial relevancia los órganos de gobierno, al ser los que determinarán las determinadas actuaciones a realizar en la comunidad universitaria.

En este punto Jorge Rochet señala que la participación anterior a la LOU ya era reducida, dependiendo de los estatutos de cada universidad el decidir ese nivel de participación. Con la LOU los niveles participación se han visto drásticamente reducidos, así el 51% de los votos corresponden a los profesores, mientras que la cuota del voto estudiantil se ha visto relegado a niveles mínimos, impidiendo, de esta forma que tenga apenas relevancia frente al papel de rectores, catedráticos y Consejo Social.

Añade que el Claustro Universitario se erguía como órgano de máxima representación y donde las decisiones que en el se tomaban tenían fuerza. Ahora el Claustro ha perdido su fuerza siendo los Consejos Sociales quienes determinan el presupuesto para cada uno de los años, y quien tiene la facultad de determinar el presupuesto también la tiene para indicar que actuaciones deben llevarse a cabo y cuales no. 

Otro punto importante que introdujo la LOU viene determinado por el establecimiento de una prueba diferente por universidad para el acceso a la universidad, así como la necesidad que en algunas capitales de provincia deban realizarse tantas pruebas como universidades existan. 

Jorge Rochet indica que antes existía una prueba universal, la denominada selectividad, sin embargo ahora se ha creado un doble filtro, por un lado la “reválida” (Prueba General de Bachillerato) y por otro el Examen de Ingreso que establezca cada una de las universidades. La primera supondrá que un estudiante que haya cursado los dos años de bachillerato pueda no obtener su título si no supera dicha “reválida” y la segunda determinará los criterios de cada universidad para impedir el acceso a la universidad de aquellos estudiantes que no superen dicha prueba y que además no obtendrán el título de bachillerato, habiendo perdido así dos años.  

La reválida pone de manifiesto que el sistema educativo no tiene en cuenta la evaluación continua de conocimientos si no que será la prueba de “reválida” la que determine sus conocimientos, por mucho que las notas de cada uno de los cursos se pondere. 

Las pruebas de acceso a la universidad son segregadoras, ya que las universidades con más prestigio establecerán un nivel más alto para hacer que sólo los estudiantes con mejor expediente puedan acceder, dejando fuera a una gran mayoría. Mayoría que tendrá que buscar su carrera en otras comunidades pudiendo darse la circunstancia de que un estudiante de Madrid tenga que irse a Extremadura o uno de Castilla y León a Valencia. 

Estas pruebas de acceso son fiel copia del sistema estadounidense que tanto hemos visto en las películas, en el que los estudiantes tienen que luchar por conseguir una universidad que les ofrezca una cierta calidad y garantía. Llega hasta tal punto la copia que la LOU permite la entrevista personal de cada estudiante con representantes de las universidades. Aunque serán los estatutos de cada universitaria y la normativa de cada Comunidad Autónoma los que fijen tales extremos la LOU lo permite.  

Según lo anterior ¿pueden las Comunidades Autónomas establecer un sistema parecido al anterior a la LOU? 

Las Comunidades Autónomas establecerán el contenido de los estatutos de cada universidad que si bien puede ser similar al anterior a la promulgación de la ley nunca será igual puesto que existirán diferencias entre las diferentes Comunidades Autónomas, algo que anteriormente no ocurría, generándose de esta forma una gran desigualdad.  

Otro aspecto que en el que el gobierno hizo especial hincapié fue en el tema de el sistema de las becas estaba garantizado ¿es cierto? 

La realidad demuestra que se ha reducido el número de becas, así en ocasiones un estudiante de una comunidad solicitaba el ingreso en varias universidades, y ese estudiante era incluido en todas ellas de forma que se impedía el acceso de otros a las plazas vacantes, igualmente algunas convocatorias han caído en la oscuridad, al no haber recibido la publicidad mínima lo cual ha supuesto que no fueran solicitadas, y en otros casos se han establecido como requisitos necesarios circunstancias que con anterioridad sólo servían para obtener más puntos.

Los defensores de la ley manifestaban que el sistema de elección de profesorado sería mejor y que por lo tanto la calidad de la enseñanza universitaria mejoraría ¿realmente se ha producido mejora en la calidad del profesorado? 

Señala Jorge Rochet que no se elimina la endogamia universitaria, al contrario, se aumenta, puesto que la eliminación de los estudiantes de los Consejos de Departamento supone que el sector que pudiera ser más critico con las decisiones adoptadas dentro de dichos órganos desaparece, favoreciéndose de esta forma decisiones arbitrarias, esto junto con el aumento de la capacidad decisoria del rector hace que no se asegure que las personas elegidas para hacerse responsable de una materia cumplan con la calidad que debiera exigirse.  

Otro de los puntos calientes era el proceso de privatización de la universidad ¿cual es la realidad con la LOU? 

El proceso no es nuevo ya venía dándose en algunas universidades españolas como la Rey Juan Carlos de Madrid donde la compañía Repsol es uno de los mayores entidades que financian la universidad. 

La LOU permite que al Consejo Social se integren agentes sociales que pueden ser sindicatos, y en especial empresas privadas, y puesto que el Consejo Social controla el presupuesto, también determinará aquellas actividades o carreras que son de interés, interés que vendrá determinado por la necesidad de las empresas que financian la universidad que fijarán las carrera y los contenidos de las mismas en aras de satisfacer sus necesidades futuras. Se dará especial atención a aquellas carreras que puedan generar un beneficio empresarial, desdeñando aquellas que no lo produzcan o que produciéndolo no sea de utilidad para la empresa.

Además se está favoreciendo un chantaje puesto que a la empresa no le interesa una universidad reivindicativa o problemática, y para evitarlo se aumentarán los controles con el único fin de evitar que la universidad tenga mala fama, que los alumnos no quieran elegir dicha universidad, y que en consecuencia se tengan que bajar las notas de acceso.  

Y ante este panorama, ¿qué se puede hacer?. 

La LOU supuso que los estudiantes se manifestaran en su contra, de manera constante. Dichas manifestaciones lograron informar a la opinión pública del problema que suponía la ley, y ello supuso el apoyo generalizado de la sociedad español contra la ley, en el momento actual hay que seguir organizándose y continuar las movilizaciones. 

Sin embargo esta ley no es algo propio de España, sino que es fruto de las directrices que la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y la Unión Europea han venido señalando, con el único objetivo de un mayor beneficio para las empresa, tratando de llegar a la privatización total de la universidad, máxime ahora que dentro de la O.M.C. se está elaborando el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que conlleva la privatización de los servicios públicos estatales, fijando además cláusulas estrictas para volver a establecer un servicio  como público.

El modelo de educación no trata de ayudar a la gente con menos oportunidades. Así cuando el sistema necesitó más gente cualificada no puso trabas al acceso universitario, sin embargo ahora ya no es necesaria tanto universitario, por lo que hay que tratar de filtrarlo, evitando su acceso al derecho a la educación universitaria. 

La población española debe saber que cambiar la situación es posible, ya que si no se pudiera hacer nada no se hubieran conquistado en su momento los derechos sociales y servicios públicos que hoy tenemos. Por ello a menos lucha se seguirán recortando derechos, mientras que manteniendo la lucha se logrará que los recortes sean menores o nulos.