LA CONDICIÓN DE REPRESENTANTE MUNICIPAL Y LA CONDUCTA PERSONAL 

 

Las distintas acciones y conductas de las personas se someten a la reprobación de aquellas otras a las que afectan o de la colectividad cuando el hecho se cree es reprobable por afectar a una pluralidad de ciudadanos. En la mayoría de las ocasiones dichas conductas se circunscriben al ámbito de lo meramente personal, englobando en las mismas a aquellas personas que directamente se ven inmersas en esos hechos, aunque no por ello son menos reprobables por terceras personas que tengan conocimiento de las mismas. 

Cuando los hechos afectan a un bien general, a la comunidad o a un determinado sector de la ciudadanía, los vecinos suelen posicionarse en dos facciones, una que condena la actuación y otra que o bien los tolera o los aprueba, dependiendo del grado de afección que sientan en su esfera personal. 

En lo concerniente a los conflictos, llamémosles individuales, su recuerdo suele ser mínimo para los habitantes que conozcan de su existencia, excepto para las partes que se vieron envueltas en ellos, las cuales tendrán una marca indeleble en su recuerdo de lo acontecido sobre la cual decidirán la postura a adoptar.  

Hay ocasiones en las que los conflictos privados adquieren una mayor relevancia, de forma que transcienden el ámbito de lo privado para convertirse en público. Son supuestos de personalidades locales, representantes de asociaciones, partidos políticos o instituciones. Situaciones que dejan una muesca, no tan sólo en la persona, sino en el cargo que representa mientras ostenta tal representatividad.

La primera semana de abril de 2003 una persona bajo el pseudónimo de “abulense” señaló en el Libro de Visitas que según el Diario de Ávila de Mayo de 2002 dos concejales del PSOE de Las Navas habían sido acusados de agresión y amenazas de muerte a dos jóvenes de la localidad, habiendo sido condenados penalmente. 

No puede negarse que este tipo de información circuló por Las Navas durante un periodo de tiempo, si bien en aquel momento no pareció pasar de un rumor que se fue diluyendo poco a poco al ser un conflicto privado.  

Para asegurar que lo que “abulense” es cierto se requiere del medio jurídico mas fiable, la condena penal en Primera Instancia o de la Audiencia Provincial si se interpuso recurso de Apelación; documento al que hasta el momento no se ha tenido acceso. 

Partiendo del desconocimiento de la realidad del supuesto, se pueden extraer consideraciones generales:  

Por un lado que cualquier tipo de violencia es condenable, sea cual sea la causa de su nacimiento, y que las personas que usan de ella muestran la falta de fundamentación de sus posturas, argumentando como único medio de argumentación la violencia. 

Por otro lado señalar que cualquier representante de la localidad o que pretende serlo usa la violencia contra cualquier persona, ya sea de Las Navas o de cualquier otro lugar está minando la legitimidad que para gobernar otorga el cargo de edil municipal. Dichos actos violentos generan entorno a dicha persona un velo que difumina el valor de la representatividad municipal, sembrando la duda entre la población respecto a la forma y los en que regirá el municipio. 

Sin embargo los partidos políticos tienen la palabra a la hora de presentar a sus candidatos a los diversos comicios, se entiende que tras valorar los defectos y virtudes de aquellas personas que optan a representar a ese partido optan por la persona o personas que entienden mejor pueden realizar su labor.  

El desconocimiento de la realidad no debe permitir, en ningún momento, la realización de acusaciones que de devenir en falsas sean de difícil solución, si bien si se constatan las mismas, la crítica tanto a nivel personal como representativo está legitimada y mientras que la primera puede quedarse dentro de la concepción que cada individuo tiene de sus semejantes, la segunda puede reflejarse en los resultados que arrojen las urnas.